Ajuste al Estado: se puso en marcha el plan de retiros voluntarios

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En búsqueda de seguir achicando el Estado pese a la creación de Unidades Especiales, el ministro de Modernización puso en marcha un plan de retiros que alcanza a tres categorías de empleados. Según se informó en el Boletín Oficial se pagarán hasta 36 sueldos.

El Gobierno nacional anunció mediante el decreto 263/2018 el programa de retiros voluntarios en búsqueda de reducir el personal del Estado en sintonía con el achique que viene aplicando el Presidente Mauricio Macri desde su asunción. Estiman que se someterán al programa alrededor de 5000 trabajadores divididos en tres tipos de categorías.

“Entre las premisas del Gobierno Nacional se encuentra la de lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados, conforme surge del Plan de Modernización del Estado”, señala el decreto entre sus premisas.

El programa que fue diseñado por el ministro de Modernización Andrés Ibarra tiene sus gastos contemplados en la ley de Presupuesto que ya fue aprobada. El decreto divide a los empleados estatales en tres grupos, que en virtud de la antigüedad y de los años de servicio accederán a distintos beneficios.

Los tres grupos se contemplan en: Personas de 65 años o más, con los años de servicio necesarios para jubilarse; personas de entre 60 y 65; personas de hasta 60 años de edad, con dos o más años de antigüedad en las entidades y jurisdicciones previstas.

La norma aclara que no podrán participar de este régimen personal de las Fuerzas Armadas en actividad o retirado; de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad o retirado; de la Agencia Federal de Inteligencia. Tampoco docentes, profesionales de la salud, del servicio exterior o científico técnico. También quedan afuera aquellos que se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados, o hayan iniciado reclamos administrativos o demandas judiciales contra el Estado.

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