Hablan del fuerte gasto en el sistema de salud público por mantenerlo ilegal. El tema llegó a la Corte Suprema.
El debate por la legalización del aborto que mantiene en vilo a la Argentina también se da en Brasil, donde centenares de personas se manifiestan a favor y en contra en las calles y el tema llegó hasta la Corte Suprema.
La Cámara de Diputados de Brasil lo debatirá en agosto durante una audiencia pública y lo que el Congreso decida ayudará a que el Supremo Tribunal Federal resuelva un caso presentado el año pasado, cuando una mujer solicitó abortar alegando que un nuevo hijo afectaría emocional y financieramente a su familia.
La discusión llegó al Folha de San Pablo el último domingo, donde a través de un informe sobre el costo que genera sobre el sistema de salud público el aborto clandestino, el diario reveló que el gasto se reduciría en caso de legalizarlo.
Los datos -que contradicen la versión de que sería más cargo si se legaliza- dicen que el Sistema Único de Salud (SUS) lleva gastados 500 millones de reales en la última década por complicaciones después de abortos clandestinos.
De 2008 a 2017, el SUS gastó 486 millones de reales por internaciones a raíz de complicaciones producto de abortos clandestinos. Durante ese lapso, hubo 2,1 millones de mujeres que debieron ser hospitalizadas.
El argumento es similar al que sostiene el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien dice que en los países que legalizaron el aborto los casos disminuyeron, mientras que en Argentina eliminar las intervenciones clandestinas significaría un ahorro millonario. El funcionario del gobierno de Mauricio Macri llegó a esa conclusión al estimar que existen 354 mil abortos fuera del sistema, sólo el 70% farmacológicos, el 20% con profesionales y el 10% con personal no calificado, o sea, “curanderos”.
En el caso de Brasil, si bien reconocen que en los últimos años el número de internaciones cayó un 7%, también afirman que los gastos hospitalarios subieron un 12% debido a la gravedad de los casos. En casi un tercio de ellos, había serias complicaciones después de un aborto -como sangrado e infección- y al menos 4.455 mujeres murieron de 2000 a 2016.
El 3 y 6 de agosto habrá audiencias públicas en Brasil. El Ministerio de Salud que conduce Ricardo Barros informó que no se posicionará sobre la despenalización sino que subsidiará el debate con datos de salud pública. Sin embargo, en un texto enviado al STF alega que es más difícil disminuir las muertes por aborto si no existe “renovación de la política pública que considere reducir restricciones a la interrupción de la gestación”.
En ese sentido, también indican que el uso del misoprostol -píldora abortiva comprada en el mercado negro- hizo del aborto una práctica menos arriesgada y que por ende bajara el número de internaciones, pero las mujeres de menor nivel socioeconómico tienden a hacer un uso “tardío o incorrecto” de ese medicamento, lo que vuelve la práctica arriesgada también.
Las complicaciones por abortos clandestinos consumen más recursos de la salud -medicamentos caros, bolsas de sangre, camas de internaciones. Por año, hay más de 15 mil mujeres internadas por al menos cuatro días, de las cuales 5.000 tienen complicaciones graves. En esos casos, el costo hospitalario es un 317% mayor en relación a casos que no sufren complicaciones si el aborto fuera legal.
En promedio, 262 mujeres mueren anualmente por esas complicaciones,“casi 100% de esas muertes son evitables, pero ocurren por falta de acceso a un procedimiento seguro”. El número de muertes, sin embargo, es cuestionado y según algunos podría ser mayor: el estudio de la Fiocruz evaluó 770 muertes maternas por aborto registradas de 2006 a 2015 apunta a que puede ser un 31% mayor.
