La audacia de Macri viene con el paquete laboral

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Mauricio Macri dio ayer su primer mensaje con auténtico tono presidencial desde el inicio de su mandato. Con una estética y dicción novedosa y estudiada, el anuncio del paquete de medidas que anoche desgranaban sus ministros ante cada sector de la economía se pareció más a un discurso sobre el State of the Union en Washington que a una comunicación presidencial a la criolla. No era para menos: el macrismo quiso pincelar un carácter fundacional, el relanzamiento del Gobierno tras los dos primeros años de afianzar los cimientos, como le gusta tanto explicar a los funcionarios en la Casa Rosada. Tanto fue así que algún desprevenido del exterior podría haber pensado en estar presenciando una inauguración presidencial.

La puesta sirvió para hablar de la imperiosa necesidad de una baja del gasto público (con el clímax en el conocido ejemplo de la obscena cantidad de empleados que revistan en la Biblioteca del Congreso, un monumento de años a la irracionalidad) y de las condiciones necesarias para recrear crecimiento. La apelación patriótica a que todos deben ceder algo”, propia casi del “Sangre, sudor y lágrimas” de Winston Churchill, estuvo dirigida a jubilados, empresarios y los sufrientes contribuyentes de la clase media y media-alta, que por un tiempo deberán seguir aportando en los mismos niveles. La baja del gasto será gradual, la de los impuestos también, pero el enunciado tiene el mérito de reconocer una situación que no puede continuar. Fuera de ese escenario, las reformas que anticipó Macri -sin hablar específicamente de proyectos- incluyen cambios en la Justicia, el sistema electoral y, sobre todo, en materia laboral. Este último es punto central del equilibrio que se quiere lograr con las empresas y, sin duda, el punto más complejo de los cambios que se proponen.

El mensaje de Macri estuvo basado en tres ejes que responden al reconocimiento de tres realidades: Argentina no puede pensar en un futuro de desarrollo con el actual sistema tributario y el déficit fiscal que acosa al país; tampoco con su legislación laboral actual que lo deja a la intemperie en medio de las desregulaciones en materia de trabajo que avanzan en la región y, mucho menos, con la Justicia en su situación actual.

No es un secreto que el país tiene seriamente comprometidas sus chances de competencia en la economía mientras mantenga un sistema tributario de presión insostenible, en medio de un laberinto legal que ahoga a las empresas. El kirchnerismo ocultó este drama estructural del país manteniendo una curva ascendente en la presión tributaria que sirvió para financiar el crecimiento descontrolado del gasto público. No hubo un solo episodio de resignación fiscal por parte del gobierno de Cristina de Kirchner, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Tampoco lo hubo en esta primera etapa de Cambiemos; los anuncios que se lanzaron ayer y se explicarán desde hoy no indican que la presión del Estado sobre los bolsillos (sobre todo los de la clase media) vaya a bajar en el mediano plazo.

Pero está claro que la virtud del mensaje de Macri en este punto es haber elevado a la etérea lista de cuestiones de Estado la necesidad de una reforma en el sistema de impuestos. El presidente, por ahora, enunció un largo pack de intenciones reformistas (“continuas”, se entusiasmó) que hoy Nicolás Dujovne pasará a explicar a cada sector. Entre las propuestas que se escucharán allí hay una en especial que seduce a empresarios: la posibilidad de computar impuesto a los débitos y créditos bancarios contra el pago de Ganancias. La baja de 35% a 25% en la alícuota del impuesto para el caso de empresas que reinviertan aparece un poco más vidriosa en cuanto a su utilidad. El resto será una pelea por sectores al reimplantar o subir escalas de impuestos internos que ya en épocas de Domingo Cavallo se habían bajado, y las sorpresas que no se conocen y seguramente develará hoy el ministro.

El impuesto sobre la renta financiera (entre 5% y 15% según se trate de colocaciones en pesos o dólares) resulta un problema paralelo que los empresarios atienden pero hoy está más entre las preocupaciones del público que las suyas. La historia dirá si esta decisión equilibra con recaudación el costo de poner en alerta al sistema financiero, al gravar operaciones. Hasta ahora, todos los estudios que se habían hecho sobre las chances de aplicar tributos a las colocaciones (menos fondos comunes de inversión y acciones) habían desaconsejado la medida.

Así, no puede negarse que para las empresas el capítulo más intrigante y seductor es el de los cambios en materia laboral, la piedra más grande del zapato de la competitividad de muchos sectores. Macri no lo dijo ayer, pero las reformas que se plantean van más allá de las reformas acordadas con cada sector en sus convenios colectivos, sino que habrá una ley con profundos cambios en la legislación laboral que el Gobierno ya presentó a los abogados de la CGT y las empresas y que será debatida en sesiones extraordinarias. Ese proyecto contemplará el ya conocido blanqueo laboral; se modifican condiciones de contrato de trabajo, los mecanismos de litigiosidad; se reduce de dos años a uno el período de prescripción para la presentación de demandas de los juicios laborales y hasta se modifican los cálculos indemnizatorios excluyendo rubros como adicionales o vacaciones, todos rubros de un peso insostenible para la litigiosidad que siempre denuncian las empresas. No llamó la atención, entonces, que mientras el público en general reparaba ayer en el cambio en la fórmula de cálculo de las jubilaciones (que pasará a regirse por inflación cada tres meses) o el tan publicitado gravamen sobre el sector financiero, los empresarios sólo prestaran atención al paquete laboral.

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