Si bien 2017 es un año marcado por las elecciones, el cuerpo de diputados de la Legislatura de la Ciudad buscó mantener la regularidad de la actividad legislativa y sancionó 42 leyes en lo que va del año; no obstante, su desempeño disminuyó un 26,31% en relación al mismo periodo del año pasado.
No es una novedad que durante los años electorales la actividad legislativa se vea afectada, dado que los diputados deben destinar su tiempo y esfuerzos en la campaña electoral, pero la Legislatura porteña procuró mantener la regularidad en su actividad y sancionó 38 leyes en lo que va del año -tomando en cuenta el periodo comprendido entre marzo y junio- ; sin embargo, su desempeño tuvo una merma del 26,31% en relación al mismo periodo del año pasado.
De esta manera, el mes de mayor actividad en este año para el cuerpo fue junio dado que aprobaron 22 normas, al cual lo sigue mayo debido a que sancionaron 20 leyes, mientras que en abril y marzo hicieron lo propio con 8 iniciativas por mes. Por otro lado, el presentismo a las sesiones fue del 74%, debido a los feriados y a que varios de los legisladores oficialistas se sumaron a los viajes oficiales del presidente de la Nación, Mauricio Macri, -quien recorrió Emiratos, China y Japón- y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, -por Europa-.
Es así que el desempeño de la Legislatura no decepcionó, teniendo el contexto en el que trabajo durante este primer periodo; sin embargo, cabe recordar que durante el 2016, la asistencia al recinto fue del 95% mientras que se sancionaron 57 leyes.
Las leyes más importantes del año
Entre las leyes más destacadas de este año se encuentra la reurbanización de la villa Rodrigo Bueno, la cual fue aprobada por unanimidad en el recinto porteño, que propuso “una solución adecuada que posibilita la articulación del derecho a la vivienda de dicha población con el derecho al medio ambiente de la ciudadanía, compensando y reduciendo al mínimo el impacto que pudiere existir por la desafectación de una pequeña porción de la Reserva Ecológica Costanera Sur” y dispuso que “el IVC cree herramientas coherentes para ofrecer oportunidades y facilidades en el acceso a una vivienda digna, y tiene como objetivo central establecer una política habitacional sustentable, en el marco de la superación de la pobreza y el desarrollo integral de la comunidad”.
En este mismo sentido, se sancionó la urbanización del Playón Chacarita -conocido también como el asentamiento Fraga-, cuyo objetivo era el de que “los habitantes puedan gozar plenamente del derecho a una vivienda digna acompañado de un mejoramiento en su calidad de vida y lograr una integración tanto urbana como social a la ciudad”, y que le dará prioridad en la adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales definitivas aquellas “familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar”, “habiten viviendas en riesgo de derrumbe”, “con personas con discapacidad y/o adultos mayores”, “víctimas de violencias de género”, etc.
A su vez, se ratificaron los convenios de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires sobre “Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la CABA”, la “Inspección General de Justicia” (IGJ), el “Registro de la Propiedad Inmueble” (RPI) y el fuero penal ordinario.
La medida contribuyó a que la Ciudad pueda seguir completando la autonomía del territorio en lo que respecta a las competencias jurisdiccionales, y saldará un viejo reclamo de la dirigencia política porteña, que hace tiempo exigía el traspaso para poder manejar la justicia de la misma manera que lo hacen las provincias, y así continuar con el proceso que comenzó a gestarse con el control del juego, la Policía y podría continuar con los puerto.
