En el mercado estiman que por el riesgo financiero las ofertas tendrán un costo un 300% superior a los actuales.
En el Gobierno nacional esperan que el 20 de abril sea el día clave para el despegue de los proyectos de inversión mediante el programa de Participación Público Privada (PPP), con los que Mauricio Macri espera que finalmente se concrete “la revolución de la obra pública” tantas veces anunciadas. Pero los posibles inversores mantienen serias dudas y en la Rosada estudian nuevos incentivos como la eximición del impuesto a las Ganancias.
Ese día deberían abrirse las propuestas para los corredores viales, la primera licitación bajo el régimen de PPP. Pero nadie en el mercado se anima a confirmar que eso suceda. Como contó LPO, esa licitación tuvo que posponerse el mes pasado porque los empresarios pretendían que los eximan de pagar el IVA, un punto que complicaba aún más la ecuación económica de los proyectos, afectada sobre todo por la suba de tasas.
Ante este escenario de incertidumbre, fuentes del mercado aseguraron a este medio que en los próximos días Macri firmará un decreto para eximir a los contratos de PPP del pago de impuesto a las Ganancias y el IVA. Sería una forma de apurar a los empresarios para que presenten las ofertas el día 20.
La cuestión impositiva es una de las que preocupan a los hombres de negocios. A Ganancias e IVA, en el cálculo se le suman ingresos brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y algunas tasas municipales que deberían afrontar. Todo suma para una cuenta que en el mercado calculan que será incluso mayor a los pronósticos más negativos.
Los precios ofertados van a estar alrededor de un 300% por encima de lo que se paga actualmente el kilómetro de ruta, estimó a LPO un hombre de la construcción, que agregó que al Gobierno le va a resultar muy difícil explicar por qué va a terminar pagando un costo tan elevado, pero lo terminará aceptando por la necesidad de aliviar el déficit dejando de girar recursos del Tesoro para obra pública.
El principal problema para los empresarios es que si les adjudican un corredor deberán conseguir el financiamiento, justo en momentos de absoluta volatilidad del mercado, por las propias incertidumbres de la economía argentina pero también por la suba de tasas en Estados Unidos, entre otros factores internacionales.
De por sí, las empresas pueden acceder a financiamiento entre 250 y 300 puntos básicos más de lo que le cobran al Gobierno. Es decir que si no hay complicaciones extras se endeudarían al 9,5% o 10%. “Esos dos o tres puntos más multiplicado por 15 años ya son un costo extra del 45%”, explican desde las constructoras. A eso se suman los costos de los contratos con estudios de abogados del exterior para que hagan las colocaciones, garantías, comisiones y los seguros de las obras, que al ser por 15 años se consideran con el riesgo más alto por lo que serán carísimos.
Ese sobrecosto del 300% es el seguro de las empresas para poder participar en las licitaciones. Es que según supo LPO hubo muchas que dudaron (y aún dudan) o directamente se bajaron porque los riesgos del régimen de PPP eran demasiado altos. “Es un buen instrumento que se hizo mal, con poco tiempo, el Gobierno se apuró”, resumió un empresario.
Es que en el mercado le cuestionan a los funcionarios que en el apuro por concretar las licitaciones no hubo consultas con los empresarios antes de preparar los pliegos. Ese dato sorprendió a los inversores estadounidenses que se reunieron con Guillermo Dietrich, y se lo plantearon concretamente. No hubo respuesta y el resultado es que entre los consorcios que se presentarán ofertas no habrá ninguna compañía de EEUU. De hecho, hay muy poco entusiasmo en el exterior y sólo habrá dos o tres compañías foráneas.
Tampoco habrá presencia de constructores locales chicas y algunas medianas tuvieron que unirse con los grandes actores para no quedarse afuera. Es que como explicó LPO éstas no tenían ni la expertise ni la estructura profesional para salir a tomar deuda. Son firmas demasiado atadas al sistema tradicional que ahora se enfrentan al riesgo de que el Gobierno pretende que todas las obras salgan con el instrumento del PPP.
Más allá de las dificultades de la licitación de los corredores viales, en el mercado creen que el escenario será aún más complejo para las futuras obras que pretenden licitarse con PPP (obras de agua, hospitales, ferroviarias, entre otras). Es que las empresas que consigan quedarse con estos contratos difícilmente tengan capacidad de endeudarse para otros proyectos. Es decir que el abanico de oferentes ya de por sí chico (se estima que serán unos 6 o 7 consorcios), se achicará aún más.
