No ocurría desde fines de los años 90. El presidente golpista también estrenó el Ministerio de la Seguridad Pública que concentrará a las fuerzas represivas del Estado.
Michel Temer, decretó el lunes la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que estará encabezado por el hasta ahora ministro de Defensa, Raúl Jungmann. Jungmann, por su parte, será sustituido por el general Joaquim Silva y Luna, quien ejercía como secretario ejecutivo del ministerio y termina con 20 años de jefes civiles en dicha cartera.
La decisión de Temer es un paso más en su política represiva que intenta por esta vía mostrarse fuerte mientras su popularidad no pasa del 3% a nivel nacional y su gobierno está rodeado de escándalos de corrupción y fuertemente desprestigiado por impulsar la flexibilización laboral y una dura contrareforma en el sistema de jubilaciones y pensiones.
La designación de un militar de carrera al frente de Defensa se da a pocos días de haber puesto a Río de Janeiro en manos de los militares, supuestamente para combatir al crimen organizado. Pero tras el rápido despliegue de más de 3000 efectivos, se destapó la mentira y los militares protagonizaron escándalos represivos sobre la población como fotografiar y fichar a los vecinos o revisar las mochilas de niños de primaria que iban a sus escuelas.
En un mensaje de apenas dos minutos, que no admitió preguntas, el portavoz de la Presidencia, Alexandre Parola, anunció la creación del nuevo ministerio destinado a “coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en colaboración con las autoridades regionales”.
Según la Constitución brasileña, la seguridad es una competencia de los estados, por lo que hasta ahora el Gobierno federal no tenía un departamento exclusivo para esta área, aunque Temer había anunciado en enero de 2017 un ambicioso Plan Nacional de Seguridad que no ha cumplido sus objetivos.
El Ministerio de Seguridad Pública tendrá bajo su mando a la Policía Federal, la Policía de Carreteras, el Departamento Penitenciario Nacional y la Secretaría Nacional de Seguridad (que incluye a la Fuerza Nacional de Seguridad), que antes formaba parte de la estructura del Ministerio de Justicia.
El decreto que crea la cartera entra en vigor de forma inmediata, pero el Congreso tiene hasta 60 días para refrendarlo.
Temer adelantó su intención de crear este departamento a principios de febrero, cuando decretó la intervención federal que deja la Seguridad Pública en manos del Ejército en Río de Janeiro hasta finales de diciembre y que, hasta ahora, no ha impactado en los índices de violencia, incluso al contrario los ha agravado.
La intervención fue severamente cuestionada por organizaciones civiles alertadas por los excesos cometidos por el Ejército en anteriores experiencias en favelas de Río de Janeiro.
La Defensoría Pública de Río acusó a los miembros del Ejército que participaron en los “fichajes” de violaciones a los derechos humanos y recordó que “la percepción de seguridad necesita venir acompañada de la preservación del estado democrático de derecho”.
También la Defensoría Pública de Brasil pidió hoy al interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro, el general Walter Souza Braga Netto, que preserve los derechos de la población, en un comunicado en el que manifestó su preocupación por la posibilidad de que los militares usen mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que permitirían allanar barrios enteros.
