El decreto de desburocratización del Estado no llegó al Parlamento. El plazo para que el Ejecutivo lo envíe es hasta el jueves de la próxima semana. Luego, la bicameral tiene diez días para expedirse sobre su validez o invalidez.
El ya polémico mega DNU de desburocratización y simplificación del Estado (27/2018), que modifica 140 leyes y deroga otras 19, todavía no fue girado al Congreso. Una vez emitido, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para enviarlo al Parlamento, donde la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo cuenta con el mismo plazo para expedirse sobre su validez o invalidez.
En caso que el decreto fuera enviado al filo del tiempo establecido -el jueves 25 de enero-, la comisión tendría que dictaminar antes del 8 de febrero. Pero se estima que el oficialismo logrará blindar el DNU en la bicameral, producto de que, a diferencia de lo que ocurrió hasta el pasado 10 diciembre, tendrá la mayoría en ese cuerpo.
Si bien entre macristas y radicales habrá ocho integrantes, y otros ocho serán de la oposición, se espera que la presidencia de la comisión quede en manos de Cambiemos. Y es el voto del titular de la bicameral el que desempata, por el aval o el rechazo, para definir el despacho de mayoría.
Mientras tanto continúan sin designarse los miembros del Senado, a la espera de que Gabriela Michetti vuelva de su gira por el exterior. Una vez que se oficialicen, la comisión podrá constituirse. Por la Cámara alta, el oficialismo tendrá tres lugares, el justicialismo otros tres, uno el kirchnerismo y el restante será para el interbloque Parlamentario Federal, que conduce Adolfo Rodríguez Saá.
Por su parte, Diputados ya eligió a sus representantes: Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Fernando Iglesias (Pro), Luis Petri, Martín Hernández (UCR); Marcos Cleri, Máximo Kirchner (FpV-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista).
En la Cámara baja el kirchnerismo ya presiona con la posibilidad de que la oposición se una para rechazar el mega DNU en una sesión especial. Pero para reunir la cantidad de votos necesarios – además de contar con el massismo, el Movimiento Evita, la izquierda y otros bloques-, será clave lo que defina el interbloque Argentina Federal, de 35 miembros, convertido en el nuevo aliado que Cambiemos posee en Diputados.
Ayer, su presidente, el salteño Pablo Kosiner, aseguró que “no se puede utilizar esta herramienta para hacer un cambio de semejante cantidad de leyes”, y aunque no adelantó una postura concreta afirmó que analizarán el tema en diálogo con Miguel Pichetto, el jefe del bloque Justicialista en el Senado.
En tanto, por la vía judicial, los abogados Eduardo Barcesat y Julián Domínguez denunciaron este miércoles al presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y todos los ministros de la Nación por el mega DNU, bajo las acusaciones de “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”. La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo y contó con la firma de la diputada nacional Nilda Garré, entre otras personalidades políticas.
