Vicejefe de Gabinete presentó en el Congreso el proyecto de jubilados y blanqueo de capitales

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Mario Quintana expuso los puntos principales de la iniciativa presidencial para “cuidar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, otorgar una pensión a la vejez, ratificar el acuerdo con las provincias sobre el IVA y alentar un nuevo “sinceramiento fiscal”. Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial y virtual vicejefe de Gabinete de la Nación, encabezó en la Cámara de Diputados la presentación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para pagarle la deuda a los jubilados, actualizar los haberes, lanzar una pensión a la vejez, ratificar el acuerdo de devolución del IVA a las provincias y abrir un nuevo blanqueo de capitales para financiar estas medidas.

El funcionario macrista justificó este conjunto heterogéneo de medidas en la necesidad de “sanar una de las heridas más sangrantes de la sociedad argentina”, en alusión al pago de juicios que iniciaron los jubilados al Estado nacional por la actualización de sus haberes. “Un Estado que estafa a sus abuelos es símbolo de una sociedad que no honra a sus mayores. Y una sociedad que no respeta a sus mayores no puede construir un proyecto con grandeza”, señaló.

Así, tras defender el pago de juicios, Quintana ratificó que el proyecto de ley propone que los hombres y mujeres de 65 años o más que no cumplan con los requisitos para jubilarse tengan derecho a una “pensión universal a la vejez” que sería del 80 por ciento de la jubilación mínima.

“No queremos que ninguna persona mayor de 65 años carezca de ingreso y proponemos una pensión universal, no contributiva y vitalicia”, dijo el secretario y anunció que la medida también incluirá a los extranjeros con determinados años de residencia en Argentina.

Luego se refirió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES: “queremos cuidar el Fondo, que sea administrado con criterios muy profesionales y cuyo objetivo principal sea atender los haberes jubilatorios. A tales efectos tenemos que asegurarnos que no sea usado con fines de subsidiar proyectos que no tienen que ver con los jubilados; sí que sea una herramienta para financiar pymes, créditos hipotecarios, créditos a largo plazos, pero no a tasas subsidiadas que en última instancia afectan la sustentabilidad del sistema previsional”, aseveró al respecto.

Confirmó entonces que la iniciativa propone la derogación de la ley sancionada el año pasado por el kirchnerismo que exige la autorización de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para poder vender las acciones en empresas privadas que heredó la ANSES a partir de la estatización de las AFJP en 2008.

Para Quintana, se trata de “liberar a la administración del Fondo de las restricciones sobre la venta de ciertos activos”. A su juicio, esta exigencia es “claramente contraria a la necesidad de defender los fondos” de los jubilados.

En otro orden, anunció que el proyecto propone la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional “para trabajar en un régimen que sirva por muchas generaciones”.

Acuerdo con provincias

Por otra parte, el vicejefe de Gabinete destacó que el proyecto de ley incluye la ratificación del acuerdo entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores provinciales para la devolución “progresiva” del 15 por ciento de los fondos coparticipables a las provincias, tres por ciento cada año.

Además, indicó que mientras dure esta devolución “progresiva” habrá préstamos del FGS a las provincias.

Blanqueo de capitales

Más adelante, Quintana remarcó que el “sinceramiento fiscal”, es decir, el dinero repatriado, tendrá como “destino único y exclusivo al pago de jubilados, a sostener la caja del ANSES que está siendo crecientemente deficitaria”.

Según dijo, este nuevo blanqueo se dará en una “oportunidad única” basada en dos “elementos fundamentales”: por un lado, la “confiabilidad” que genera el gobierno de Mauricio Macri por la liberación del mercado cambiario principalmente y, por otro, el “contexto internacional que acorrala a los evasores”.

Remarcó a continuación que los funcionarios del Poder Ejecutivo fueron excluidos del blanqueo y que “cualquier delito sigue plenamente vigente y en nada son afectados por el proyecto de ley”.

Anunció finalmente que se propone la creación de una Comisión Bicameral de Reforma Tributaria para “revisar algunos de los impuestos que rigen hoy en la Argentina con una mirada federal y participativa”.

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