Alberto cargó contra el lawfare y pidió “nunca más a la detención arbitraria de opositores”

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Tras el debate por los presos políticos, el presidente cuestionó a la “justicia que persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

Lugo de la polémica entre funcionarios del gobierno por la existencia de presos políticos, el presidente Alberto Fernández publicó un video en redes sociales donde denunció la utilización de la justicia para perseguir opositores políticos durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En los últimos años el lawfare se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos”, dijo el Presidente, a través de su cuenta de Twitter.

El video fue publicado este lunes por la cuenta de la Secretaría de Derechos Humanos la de Nación y replicado este martes por el propio mandatario, quien busca saldar el ruido interno que generó del debate sobre los presos políticos.

En el video, Alberto señala que en Argentina “hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios en libertad”.

Denuncia que durante el mandato de Mauricio Macri, Argentina “sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare”.

“A dos meses del gobierno comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios”, se dice en el video, que también incluye un fragmento del discurso de la asunción del Presidente, en el que Fernández afirma: “Nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

También recuerda que el Relator especial sobre independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García Sayán, emitió un informe en el que denuncia la “existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial en Argentina”.

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