A partir de la propuesta que le llevó la semana pasada el sector agroindustrial al Frente de Todos para erradicar el hambre, Alberto Fernández decidió armar una mesa -donde se sentarán todos los sectores involucrados- con el objetivo de armar un plan que esté listo antes de diciembre, una vez conocidos los resultados del próximo domingo. El aporte mensual del campo rondará los $1.800 millones.
Fuentes de la industria señalaron que la idea de Fernández es empezar a trabajar en este sentido “rápidamente”, en la semana post elecciones. Indicaron que el plan para erradicar el hambre será organizado en el marco del Consejo Económico Social, desde el que se convocará a todos los actores.
En la mesa estarían no sólo la Iglesia, organizaciones gremiales y sociales, sino también las cuatro entidades del agro, pese a que la Sociedad Rural Argentina (SRA) se opone a dar un aporte, porque entiende que el campo ya ayuda con el pago de impuestos. Igualmente es pública su postura a favor de Cambiemos.
Además participarían la Copal, que entre sus integrantes se encuentra la Federación de la Industria Molinera (FAIM), el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Cámara de la Industria Aceitera de la Empresas Procesadoras Avícolas y el Centro de la Industria Lechera (CIL). En la lista hay que incluir también a todas las Bolsas de Cereales del país.
Todos estos sectores fueron los que acordaron llevar el plan a Fernández la semana pasada. El mismo fue canalizado a través de Daniel Arroyo, referente de Sergio Massa.
La ayuda del campo llegará siempre y cuando el futuro gobierno no implemente “políticas del pasado”, como el cierre de los mercados externos y el control de precios sobre los commodities, y siempre y cuando se establezcan “retenciones acordes y con sensibilidad”, según el documento presentado, al que tuvo acceso BAE Negocios.
“Esto no quiere decir que si no se da una cosa, se quita lo otro”, coincidieron las fuentes, no sin antes reconocer que “Macri también prometió no poner más las retenciones y luego pasó lo contrario”. Además indicaron que “hubo coincidencia absoluta de intereses y de visiones con Fernández”.
A cambio, la agroindustria se comprometió “a trabajar en ampliar la superficie de siembra de trigo, soja, maíz, girasol, cebada y aumentar la producción de leche y carnes”, según se puede leer en el documento que llevó Arroyo. “Para esto es necesario exportar más todos los años y procesar todo lo que podamos”, afirman.
Sobre números de 2018, el sector estimó que con ingresos por US$36.000 millones, su aporte por mes llegaría a los US$30 millones, es decir unos $1.800 millones. Actualmente es de $1.100 millones.
El dinero será administrado por un fideicomiso establecido en el Banco Nación, entidad que girará directamente los fondos a los beneficiarios de la mano de la Anses. En ese sentido, se conformará un Consejo Asesor con representantes privados y públicos para un control de los ingresos y egresos.
Esta “ayuda” no será gratis. El desembolso del 1% que harán las empresas tiene un costo financiero que se debe saldar por algún lado: será trasladado al productor y/o consumidor. Así, estos eslabones podrán ver por una parte, una merma en los precios de sus granos, y por la otra, un aumento en el de los alimentos.
