Deuda del Correo Argentino: intervienen la empresa, desplazan a los Macri pero designan interventor a dedo

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La Justicia avanza contra la empresa del grupo SOCMA que mantiene una deuda con el Estado por más de 18 años

Otra mala noticia para Mauricio Macri en el caso Correo Argentino. La jueza Marta Cirulli ordenó la intervención plena de la empresa con el desplazamiento de los directivos que responden a la familia Macri. La medida llega tras el pedido de la fiscala Gabriela Boquin que fue apoyado desde el Gobierno de Alberto Fernández en su primera intervención en el tema. La intervención tiene un aspecto positivo y otro negativo: el positivo, que los Macri no podrán ya obstaculizar la investigación sobre los desfalcos y el vaciamiento de Correo Argentino; el negativo, que el interventor, Carlos María Ferrario, fue nombrado a dedo por la jueza Cirulli, ella misma imputada por el vaciamiento de la compañía.

La decisión judicial es un cambio importante respecto a la situación de Correo Argentino, la empresa desde la cuál los Macri tienen una multimillonaria deuda con el Estado desde hace más de 18 años, deuda que el ex presidente intentó condonar. Tal como publicó El Destape, hasta ahora la empresa de los Macri tenía una intervención a medias, ya que se trataba de una coadministración entre un contador nombrado a dedo por la jueza Cirulli y los directivos que responden a la familia del ex presidente. La ley de Concursos y Quiebras da varias posibilidades de intervención. Las mayores son el nombramiento de un administrador con desplazamiento total y, en segundo lugar, la designación de un coadministrador con desplazamiento parcial. En septiembre de 2019 la jueza Cirulli optó por esta última. Ahora, al modificar la situación, dice que “la coadministración resultó consentida por la totalidad de los intervinientes en la causa”. Pero la realidad fue otra. Primero la fiscala Boquin y luego el propio Estado criticaron esa resolución.

A principios de febrero de este año, la fiscala Boquin solicitó que se desplace a toda la administración de la empresa para evitar que continúen con las maniobras de vaciamiento y ocultamiento de información. A los pocos días el gobierno de Alberto Fernández intervino por primera vez en este asunto. Lo hizo a través de Carlos Zannini, que como Procurador del Tesoro ejerce la jefatura de los abogados del Estado, principal acreedor de los Macri. El planteo fue en línea con el de Boquin: intervenir la empresa con desplazamiento de todos los directivos que responden a la familia Macri.

“Es innegable que el Ministerio Público propuso elementos bastantes para que su pedido de intervención plena sea concretado sin más trámite”, sostiene ahora la jueza Cirulli en referencia a los reiterados reclamos de la fiscala Boquin. “El proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración, resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”, agrega la jueza.

Con la nueva resolución de la jueza Cirulli, hay una buena y una mala. La buena, serán removidos aquellos directivos que siguen órdenes de la familia Macri. La mala, el interventor fue nombrado a dedo nuevamente y repite. Se trata de Carlos María Ferrario, un ex juez comercial que trabaja en un estudio de la city porteña y es árbitro de la Bolsa de Comercio, de perfil conservador, del establishment. Aún así, la situación de Correo Argentino era tan burda que Ferrario cortó flujos de 18.000 dólares mensuales de Correo Argentino a otras empresas del Grupo Macri y calculó que existe un pasivo posconcursal de casi 192 millones de pesos más allá de la multimillonaria deuda que arrastran desde 2001. Todo esto a pesar de que tuvo muchos inconvenientes para acceder a información de la empresa. En la resolución donde ordena la intereventión, la jueza Cirulli explica: “Es claro que la aparición en el año 2019 de una deuda que dataría del año 2000, que no se conocía y sólo pudo comprobarse por la labor del coadministrador y el contador público que lo asiste, confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”

“Estoy convencida, a la vez, de la conveniencia de encomendar la intervención del ente al mismo auxiliar designado para coadministrarlo”, dice la jueza Cirulli para justificar, otra vez, el nombramiento a dedo de Ferrario. La conveniente carencia de sinónimos la reemplaza por una igual de conveniente interpretación de las normas que regulan el nombramiento de interventores. La normativa indica que debe sortearse el cargo del interventor. La resolución 528 del 2005 del Consejo de la Magistratura estableció que “en los casos en que corresponda la intervención de un profesional, los Tribunales nacionales y federales de todos los Fueros con sede en la Capital Federal deberán designarlo por sorteo entre los integrantes de las listas auxiliares de la Justicia remitidas por las entidades profesionales”. La jueza Cirulli tomó el nombre de Ferrario del listado entregado por el Colegio Público de Abogados pero no hizo ningún sorteo. De hecho, la jueza dijo en su momento que “no existe reglamentación administrativa para el nombramiento de coadministradores”, ignorando por completo la resolución del Consejo de la Magistratura. Ahora se justifica así: “Repárese en que una designación aleatoria mediante sorteo, en nada garantiza la reunión de las cualidades que exhibe el coadministrador designado, ni un resultado exitoso de la gestión; aparte de resultar claramente antieconómica frente al natural desconocimiento de la causa esperable de un nuevo interventor.”

El caso del interventor Ferrario es tan polémico como la continuidad de la jueza Cirulli al frente de esta causa, dado que ella misma está imputada en la causa penal donde se investigan las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del grupo Macri. Pese a esto, Cirulli se niega a excusarse.

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