El presidente no deja pasar oportunidad para fustigar a su antecesor y habla de “un banderazo de gente de bien”, mientras su vice da muestras de su poder en el Senado. Pero el Congreso en sí mismo es hoy la prueba palpable de una grieta insoluble.
La grieta entre el oficialismo y la oposición llegó a extremos impensados a lo largo de la última semana. Con el Congreso -principal ámbito donde interactúan oficialismo y oposición- como dramático escenario de esa confrontación. Un choque que anticipamos en este espacio la semana anterior, cuando la sola convocatoria de la presidencia de Diputados a sesionar donde hacía un mes las autoridades y la principal oposición no se hablaban, prometía discordia. A menos que durante el fin de semana hubiera fumata blanca… Pero no.
Hubo tres videoconferencias de la mesa del interbloque y contactos de Juntos por el Cambio con el resto de la oposición, como así también con el Frente de Todos. El desacuerdo giró siempre en torno al Protocolo para sesionar, que JxC pretendía se renovara sesión por sesión, cosa que el oficialismo se negó siquiera a considerar. Así llegaron al martes del bochorno, con una reunión de Labor Parlamentaria que se extendió tanto como una sesión larga -casi 8 horas-, durante la cual estuvieron a punto de acordar. Ahí las versiones difieren: el oficialismo dice que cuando estaban por arreglar pasaron a un cuarto intermedio durante el cual “hubo un llamado” que volvió a endurecer a Juntos por el Cambio. Desde esa fuerza dicen lo contrario; toman lo del llamado como una chicana en referencia a Mauricio Macri y niegan que el expresidente haya influido en la decisión final. Reconocen, sí, que el ala dura prevaleció, pero aseguran que estaba todo arreglado con Sergio Massa, más fue Máximo Kirchner el que decidió rechazar un entendimiento. El argumento que deshizo los puentes fue: “La minoría no puede imponerle a la mayoría lo que debe hacerse”.
Esa frase estuvo presente en el primer tramo de la sesión del martes, cuando en una situación inédita oficialismo y oposición debatieron durante cuatro horas con una oposición presente en el recinto, pero formalmente ausente. Durante ese primer tramo, la discusión giró en torno a la falta de consenso, y en hasta qué dice la RAE sobre la palabra “consenso”. Cuando Cecilia Moreau -secretaria parlamentaria del Frente de Todos- señaló que “es cierto que (el acta firmada entre el oficialismo y el resto de los bloques) no tiene consenso”, los diputados del interbloque opositor presentes se pararon para aplaudir lo que consideraban una confesión de parte.
El argumento que deshizo los puentes fue: “La minoría no puede imponerle a la mayoría lo que debe hacerse”.
Pero la solución a este diferendo no será semántica. De momento no se avizora ninguna. Después del martes, no hubo llamados formales de parte de las autoridades de la Cámara para reanudar la negociación. Y eso que Juntos por el Cambio privilegiaba esa instancia por sobre la impugnación judicial anunciada el día del bochorno. El Frente de Todos pareciera estar tentado porque la presenten: sería un búmeran para JxC que anularan las dos sanciones de la madrugada del miércoles, sobre todo la ley de asistencia al turismo. Precisamente por tratarse de esa ley se convocó a esa sesión, a sabiendas de que era un problema para la oposición poner en duda una sesión sobre ese tema. Y por eso la resistencia oficialista a postergar la discusión del nuevo Protocolo para la sesión siguiente.
Juntos por el Cambio demoró la presentación judicial a la espera de una negociación, pero ante la falta de señales avanzaron con el texto. Las autoridades de la Cámara bajan tomaron como una ratificación de la vigencia del Protocolo el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que rechazó por “inoficiosa” una denuncia contra el sistema virtual hecha en mayo por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Sin embargo el interbloque opositor usará el considerando 2 del fallo como argumento en la nueva presentación. Dice de la Cámara: “Corresponde advertir que el ‘Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto’ para la realización de sesiones virtuales, aprobado el 13/5/2020, no se encuentra vigente en la actualidad (…) por no haber ocurrido la condición necesaria y obligatoria para ello, de acuerdo a lo que estableció de manera expresa el legislador en su propio texto”.
No deja de extrañar este entuerto en una Cámara que hasta ahora se había caracterizado por una relación correcta entre oficialismo y oposición, más allá de los cruces habituales en las sesiones. A diferencia del Senado, donde el Frente de Todos es mayoría y no necesita negociar ni siquiera el Protocolo, Sergio Massa tuvo en cuenta desde el principio las recomendaciones de su amigo Emilio Monzó, quien debió lidiar cuatro años con un oficialismo en minoría. El hombre de Carlos Tejedor tuvo como premisa inicial dividir al Frente para la Victoria y celebró cuando 17 diputados se alejaron del kirchnerismo y formaran el bloque Justicialista. Con ellos y una treintena del Frente Renovador le alcanzó a Cambiemos para negociar las leyes en los dos primeros años; en los siguientes se le hizo muy cuesta arriba.
Con ese modelo Massa apostó a la creación de los interbloques Federal (11 miembros) y el conducido por José Luis Ramón (también conocido como “Los Ramones”), de 8 diputados. No le fue mal, congelando proyectos irritantes para Juntos por el Cambio como los DNU de Mauricio Macri que el kirchnerismo desempolvó en el Senado y quiere anular, por el valor simbólico de que nunca a un presidente (un ex, en este caso) le derogaron un DNU; o la bicameral investigadora de Vicentin, aprobada en el Senado en junio.
Algo cambió en Diputados como para que Massa no llamara a las autoridades del interbloque JxC desde la sesión del 4 de agosto, cuando quedó claro que a partir de entonces debían negociar un nuevo Protocolo. Pero se sabía qué pediría Juntos por el Cambio: debatir de manera remota solo temas consensuados. Ni hablar de la reforma judicial, aunque ese tema por ahora no será tratado pues el oficialismo no tiene número; pero tampoco la nueva fórmula jubilatoria, ni el Presupuesto, ni el impuesto a las grandes fortunas. “No vamos a aceptar que la minoría nos maneje la agenda”, dijo el jefe del bloque FdT.
Para la oposición, Máximo Kirchner es a Sergio Massa lo que Cristina es a Alberto Fernández. Tienen la sensación de que, si fuera por el tigrense, arreglarían todo en menos de una hora, pero esta inflexibilidad tiene sesgo kirchnerista.
Para la oposición, Máximo Kirchner es a Sergio Massa lo que Cristina es a Alberto Fernández.
En ese contexto, un día antes del descalabro en Diputados, el Senado difundió un video detallando toda la actividad que esa cámara tuvo durante el período de sesiones remotas: 10 sesiones, 18 leyes, 97 reuniones de comisión, 88 expositores y 1.093 proyectos. El video, de cuidada elaboración, muestra imágenes de la actividad del Senado en cuarentena y aparecen los senadores más afines a la vicepresidenta. También los pocos que participan de manera presencial en las sesiones. Bah, no todos: Laura Rodríguez Machado es la única opositora que figura en el institucional, no así Martín Lousteau. Detalles sutiles a gusto de ya se sabe quién.
El mismo día del escándalo en Diputados, la presidenta del Senado convocó a una sesión especial en esa Cámara, donde no estaba previsto que volvieran a reunirse esa semana, luego de la reforma judicial. Pero así lo hicieron, para tratar proyectos de menor importancia y una serie de DNU, entre ellos el que declaró servicio público esencial a la telefonía celular, internet y el cable. Podían haber demorado una semana más, pero fue como si CFK quisiera dar la señal de que el Senado no tiene los problemas que sí agobian -ahora- a Diputados. Teléfono para Massa
¿Qué opina el presidente? Hace gala de que no interviene en otros poderes. Habrá que creer tal convicción luego de que tras la sesión del martes en Diputados Fernández lamentara la “no aprobación” de la ley del turismo que sí se había aprobado. En la división de poderes, el Congreso es de la vicepresidenta.
Pero no solo señales mandan el kirchnerismo desde el Senado. La semana se cerró con una audiencia pública en la que se analizaron los pliegos de una decena de jueces trasladados durante la gestión macrista de un modo que el nuevo oficialismo considera irregular. Previsiblemente dictaminó en contra de los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones apuntados por el kirchnerismo. También rechazó el traslado del juez Germán Castelli al Tribunal Oral N° 7 que tramitará el juicio por los cuadernos de las coimas. Solo resta la formalidad de que el Senado avale en el recinto lo dispuesto por la Comisión de Acuerdos y estos tres jueces deban volver a sus anteriores destinos.
Ninguno de estos tres jueces concurrió a la audiencia. Tampoco lo hicieron los senadores de JxC, que impugnaron la reunión. Bruglia y Bertuzzi apuestan su suerte a la Corte Suprema, a la que le pidieron intervenir vía “per saltum”. El Tribunal Superior no es muy afecto a ese recurso, habrá que ver si lo hace y qué resuelve. Hasta ahora no ha chocado con el Gobierno.
