“Estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina. Hay un compromiso asumido por el presidente (Mauricio Macri) de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”, destacó en su exposición el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien encabezó la delegación del Estado argentino.
De la audiencia, que se desarrolló en un tono cordial y respetuoso en la sede de la CIDH en Washington, participaron -además de Avruj- el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y Ramiro Tizón, diputado provincial y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura jujeña.
En tanto, las organizaciones peticionantes y solicitantes de la audiencia ante la CIDH fueron el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (Soea, La Esperanza) y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), además del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
“Acá hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien denunció un “divorcio alarmante entre lo que se dice y lo que se hace: el discurso es de respeto a los derechos humanos, pero la práctica es represión y violencia”.
En respuesta a ese planteo del CELS, Avruj ratificó que “no hay una disociación entre lo que planteamos, los objetivos que queremos lograr y lo que hacemos” e insistió con que “somos una sociedad respetuosa de sus derechos en el más amplio sentido”.
En otro momento de su exposición, el titular del CELS indicó que la situación en Jujuy “no se reduce a lo que pasa con Milagro Sala, a quien intentan demonizar poniéndola como ejemplo de todas las calamidades, sino que es una situación generalizada en toda la provincia”, en una de las únicas menciones que tuvo el caso de la dirigente de la Tupac Amaru detenida en la provincia.
Entre otros reclamos, los peticionantes plantearon que “se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales”, que se “condena a las organizaciones sociales que protestan y se suspenden sus derechos civiles y democráticos” y que el código contravencional aprobado en la provincia “vulnera el derecho a la protesta social”.
En defensa de la postura oficial, el fiscal Miranda sostuvo que en Jujuy “está garantizado el manifestarse públicamente y el derecho a peticionar” y que “no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”.
En ese marco, especificó que, durante 2016, se realizaron 1191 manifestaciones de protesta, de las cuales “se labraron actuaciones judiciales en el 0,75 por ciento de los casos, un total de 9 causas”.
“No existe un ejercicio de aplicación abusiva de las normas contenidas en el código contravencional. No se procura la criminalización de protesta social o sindical, sino una decisión de proteger los intereses de todas la comunidad”, remarcó el fiscal en apoyo a las políticas del gobierno de Gerardo Morales.
Por parte de la CIDH, el relator Paulo Vanucchi destacó el “clima respetuoso y sereno” con que ambas delegaciones hicieron sus presentaciones con “visiones casi opuestas”, y agradeció que “el nombre de Milagro Sala casi no haya sido mencionado porque podría haber generado tensión”.
En tanto, el relator sobre Libertad de Expresión Edison Lanza advirtió sobre la necesidad de que la libertad de expresión “no se transforme sólo en un enunciado y se convierta en ilegal a la protesta” con la aplicación del mencionado código contravencional y pidió mayor información sobre la disolución de organizaciones que estarían vinculadas a esas protestas, según denunciaron las organizaciones en la audiencia de esta mañana en Washington.
