jueves, enero 28, 2021

El Gobierno deberá responder ante la ONU por la represión a protestas sociales y por Milagro Sala

Por primera vez la gestión de Macri será evaluada ante las Naciones Unidas. Deberá dar explicaciones sobre diferentes problemáticas, entre ellas la detención de la presa política en Jujuy. Los duros informes de Amnesty a los que accedió El Destape.El gobierno de Mauricio Macri deberá este jueves dar explicaciones sobre la detención de Milagro Sala ante la ONU. Será evaluada la gestión por primera vez ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El macrismo tendrá que dar su versión sobre diferentes problemáticas tales como protesta social, violencia contra la mujer, tortura y situación de los pueblos indígenas. Entre los casos más relevantes se encuentra el de la presa política detenida en Jujuy, Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru.

Este Comité sesiona y evalúa a los diferentes países. Hoy le toca el turno a Argentina. A esa evaluación se presenta el Estado argentino. Sobre los temas que expone y debe dar explicaciones el país, Amnistía propone que se focalice en diversos temas a través de un informe.

EL DURO INFORME DE AMNESTY

Informe Argentina Final by ADN21

Las primeras preocupaciones de la ONU hoy fueron: la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo, demoras en la resolución de causas de lesa humanidad, el decreto sobre derribo de aviones, dudas sobre el rol de las Fuerzas Armadas, la situación carcelaria, la violencia institucional, los femicidios y la falta de registro, el desmantelamiento de las oficinas especializadas en DD.HH., el aborto y la situación de la investigación del atentado a la AMIA, entre otros temas. El Estado argentino deberá responder sobre estos temas mañana jueves.

“El 16 de enero de 2016, la dirigente social Milagro Sala, fue privada de la libertad por estar llevando una protesta pacífica en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, noroeste del país. El 15 de diciembre de 2015, Milagro Sala fue denunciada penalmente por el gobierno de la provincia de Jujuy por realizar una protesta que la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) – de la que la Tupac Amaru es parte – comenzó un día antes. Sin perjuicio de la vaguedad de la acusación y de la ausencia de una descripción clara y precisa del hecho que se le imputa, se la acusó en sede penal de dos delitos: organizar una protesta (interpretada como el delito de entorpecimiento de la circulación, el cual ella instigaría a ser cometido – art. 209 del Código Penal) y de rechazar una medida del gobierno provincial relacionada con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como sedición, art. 230 del CP). Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias se encuentran estudiando el caso tras una petición presentada por Amnistía Internacional, ANDHES y el CELS”, afirma el texto de Amnesty Internacional en un duro informe contra el Gobierno argentino.

LOS PUNTOS MÁS PREOCUPANTES

Ejes Del Informe Presentado Por Amnistia Internacional by ADN21

Además, este informe al que accedió El Destape critica la forma de represión del macrismo a las protestas sociales. En febrero se dio a conocer el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad Del Estado en Manifestaciones Públicas”, emitido por el Ministerio el Seguridad (pese a que no se conoce su número de resolución) que incluye restricciones indebidas y desproporcionadas que contravienen y rebasan las restricciones permitidas por el derecho internacional de los derechos humanos. “Este instrumento permite la criminalización de quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente”.

Sobre el mismo eje, cuestiona el accionar que impuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El Protocolo no cumple con los principios internacionales conforme los cuales cualquier limitación a la protesta «debe responder a una rigurosa justificación”, estar claramente basada en una ley (en sentido formal y material) que, por ser relativa al ejercicio de los derechos humanos, debe estar redactada en términos lo suficientemente precisos para impedir que las autoridades ejerzan un poder indebido a la hora de restringir la libertad de expresión y de reunión”.

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