El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la derogación de los puntos que atentan contra la libertad de expresión “para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas”, a pesar de que también figuran en el proyecto que giró a la legislatura. María Eugenia Vidal finalmente derogó los artículos que atentan contra la libertad de expresión en la ley que obliga a funcionarios de la provincia de Buenos Aires a publicar en internet sus Declaraciones Juradas (DDJJ). La normativa preveía penas de prisión para periodistas que divulguen información patrimonial de los funcionarios y, tras los fuertes rechazos de varios sectores, la gobernadora bonaerense había prometido revisarla.
Vidal culpó a “un error de redacción”, aunque la explicación deja lugar a dudas cuando esos artículos también figuran en el texto que el Poder Ejecutivo mandó a la legislatura y que será tratado en las próximas horas por la Cámara Alta. La mandataria provincial decidió derogar los artículos de la polémica, a menos de 24 horas de que Mauricio Macri tuviera que prometer revisar un artículo similar en el proyecto para blanquear capitales.
COMUNICADO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
A raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo.
Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público.
El 17 de marzo, la gobernadora había enviado a la Cámara de Senadores el mismo proyecto que aprobó hoy por decreto. Según fuentes internas del Senado, el proyecto contaba con el consenso de todos los espacios políticos, incluso el Frente Para la Victoria, quien había propuesto una sola modificación: quitar el párrafo del artículo 5° que penaba a quienes divulgaran la información. El 1° de abril, en su tratamiento en comisión, todos los espacios incluido el PRO acordaron el texto final que quitaba ese párrafo. En ese sentido, varios legisladores mostraron sorpresa por el argumento de la gobernadora respecto a que se trató de un “error de redacción”.
