La denuncia, patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, es por abuso de autoridad, falsificación de documento público y prevaricato, entre otros delitos.
La denuncia, patrocinada por el abogado Eduardo Barcesat, alcanza a todos los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, por “recusitar” una denuncia “prescripta y archivada” en la que el sindicalista judicial Julio Piumato acusó hace seis años a Rozanski por supuesto “maltrato laboral” a trabajadores de la justicia Federal en La Plata.
El viernes último, con el mismo patrocinio, Carlos Rozanki -titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata- había pedido al Consejo de la Magistratura que desestimase la denuncia presentada en su contra por Piumato, a quien acusó de “agravios, ataques y amenazas” con el fin de obstaculizar juicios de lesa humanidad.
En ese escrito presentado ante la Comisión de Disciplina y Acusación, solicitó el rechazo de la denuncia de Piumato y “el inmediato cierre y archivo de las actuaciones”, además de rechazar la acusación, porque -según señaló-, prescribió el trámite por haber “transcurrido más de tres años” desde su presentación.
Rozanski presidió el Tribunal Oral Federal 1 de la capital bonaerense que condenó en el 2006 al represor Miguel Etchecolatz a prisón perpetua por un centenar de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en el primer juicio por esos delitos tras la anulación de las leyes de impunidad.
En recientes declaraciones periodísticas, el juez que también llevó a cabo los juicios de La Cacha, Circuito Camps y la Unidad 9, entre otros, sostuvo que la Comisión de Disciplina y Acusación con nueva integración, “en función de los planteos de excusación y recusación, dicte la providencia de nulidad total, absoluta, insanable y manifiesta, disponiendo el archivo de estas actuaciones, mal iniciadas y peor tramitadas, con grave lesión a los derechos y garantías, constitucionales y convencionales, esgrimidas por mi parte”.
Al decidir esa Comisión dar curso a la denuncia de Piumato, Rozanski denunció hoy a quienes la integran: los representante de los abogados porteños Adriana Donado; de los magistrados Luis Maria Cabral y Leónidas Moldes; del Poder Ejecutivo, Juan Butista Mahiques; de los legisladores oficialistas Angel Rozas, Gustavo Valdés y Pablo Tonelli, y al representante académico Jorge Candis, además del secretario administrativo del cuerpo, Andrés Leandro García.
En la denuncia presentada en los Tribunales Federales porteños de Comodoro Py 2002, que recayó por sorteo en el juez federal Sergio Torres, el escrito señaló que no se dispuso, “como establece el Reglamento de Procedimientos de la CDA, notificar al denunciado de los términos de la denuncia para que, en el plazo de 20 días hábiles, ejerza su defensa y proponga prueba, plazo dentro del cual, en los primeros 5 días, puede recusar con causa a los integrantes” de esa Comisión acusatoria (arts. 11, 12 y 15, Reglamento CDA).
Además, puso “de relieve, porque inviste fundamental importancia para acreditar el obrar ‘contra legem’ de la CDA, que no existe facultamiento alguno para proveer la producción de medidas de prueba anticipadas”.
Según Rozanski, “la prueba de cargo se fijó a partir del 5-09-2016” pero él recibió “el traslado de la denuncia el 1-09-2016” y agregó: “A esa fecha del 5-09-2016 ni siquiera había vencido el plazo para recusar a los integrantes de la CDA, en tanto que el plazo para ejercitar mi defensa vencía el 29-09-2016”.
“Esto es lo que los Consejeros de la CDA entienden como debido proceso”, recriminó, entre otras “irregularidades de procedimiento y su total orfandad de soporte normativo/procesal”.
Rozanski denunció a los integrantes del Consejo por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y por prevaricato de los auxiliares de justicia, de acuerdo a los artículos 271 y 272 del Código Penal.
