jueves, marzo 28, 2024

La ‘bicicleta’ financiera ya generó una fuga de más de U$S 5 mil millones

El BCRA buscó contener los precios con un enfriamiento de la economía. Pero lejos de obtener el objetivo, generó las condiciones para un flujo de fondos especulativos. En seis meses, el Gobierno ya se endeudó por U$S 29 mil millones.

El fracaso de la política anti-inflacionaria del gobierno es, a todas luces, resonante. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, luego de pronosticar en marzo una inflación mensual del 1% para el segundo semestre de este año (y ratificarlo en abril días después del pago a los fondos buitre), tuvo que reconocer el viernes pasado que la suba de precios de este año llegaría al 42% a pesar de que “el trabajo sucio ya se hizo”. Se trata de casi 20 puntos porcentuales más de lo establecido como meta para el período

Este fiasco, sin embargo, ha tenido sus costos y, sobre todo, los tendrá en el futuro. Es que la política de contención de precios que aplicó el gobierno, de neto corte neoclásico ortodoxo, se sustenta en las elevadas tasas de interés de las Lebac (de hasta el 38%) con el propósito de generar una reducción del circulante en pesos que, por la vía de la recesión y la caída del consumo, produjera una caída de los precios.

En rigor, se trata de una exacerbación de la receta aplicada en 2014 por el equipo económico encabezado por Axel Kiciloff y Alejandro Vanoli, que devaluó fuertemente el peso y llevó esas mismas tasas al 27 por ciento.

El supuesto esquema anti-inflacionario, además, promovió la estabilización del tipo de cambio al desestimular la demanda de divisas en favor de los plazos fijos y las Lebac. Más allá de su indisimulable incapacidad para contener los precios, esta ecuación generó un esquema ideal para el capital financiero en general y para el flujo de capitales golondrina en particular. Habría que indagar pormenorizadamente el mercado financiero internacional para encontrar un retorno en dólares más rentable que el de la bicicleta financiera que se ha generado en la Argentina. De hecho, explicó Agustín D’Attellis a Tiempo, “desde que asumió este gobierno, se han emitido títulos de deuda externa a nivel nacional y provincial por un monto de 29 mil millones de dólares y, en un período similar, se han fugado (bajo el ítem de formación de activos externos) más de U$S 5200 millones a través de esa bicicleta financiera y otras modalidades. Además, se espera que haya emisiones de deudas provinciales por casi 4 mil millones más”. Los datos surgen de un informe realizado por el economista de La Gran Makro basado en datos del BCRA.

Según un informe de junio del Centro Scalabrini Ortiz (CESO), “la deuda provincial, en su gran mayoría, apunta a financiar déficits operativos corrientes (en especial, en la provincia de Buenos Aires) y refinanciar vencimiento de deudas”.

El negocio financiero es muy simple, con el dólar planchado y relativamente estable (se mantuvo entre $ 14 y $ 15 desde diciembre hasta la fecha), la tasa de interés anual en pesos de entre el 38 y el 32% se traslada en forma directa al dólar. La práctica, muy extendida en todo el globo a partir de la crisis financiera internacional, lleva el nombre de “carry trade” y consiste en tomar deuda en países con bajas tasas de interés (la Reserva Federal de EEUU la situó recientemente en 0,5%) y colocarla en títulos de entidades bancarias oficiales con altas tasas como la de nuestro país.

Cualquier inversor extranjero ingresa esos dólares al país, los cambia en el mercado de divisas por pesos, los coloca en Lebac a, por ejemplo, tres meses, los retira, vuelve a comprar los dólares y se los lleva al exterior nuevamente. El procedimiento, completamente legal, genera una renta de entre el 8 y el 9% en dólares en apenas 90 días sin promover inversión productiva alguna ni generar empleo ni movimiento del mercado interno. El único riesgo, claro, es el de una nueva devaluación que, en principio, se descarta (los movimientos de los últimos días resultan de la crisis heredada del Brexit), pero que incluso puede ser blindado a partir de la modalidad conocida como “carry trade cubierto” que consiste en recurrir, en paralelo, a una suerte de seguro de cambio a través de la compra de dólar futuro. Es ese caso, estimó D’Attellis, “la tasa de interés en dólares se reduce de algo más de un 30% a un 23 o 24%, un negocio redondo y sin riesgo”.

Se trata de una ficción especulativa que genera enormes beneficios y que, obviamente, alguien debe afrontar. Es que la tasa de interés en pesos de los Lebacs, tarde o temprano, deberá ser cancelada por el propio BCRA que no tendrá más alternativa que afrontarla sobre la base de una nueva emisión monetaria o, en su defecto, con nuevos títulos alimentando, de esta forma, un nueva espiral inflacionaria. Hoy existe una colocación de Lebac en el mercado por un monto de 523.383 millones de pesos que equivalen a 35 mil millones de dólares (3000 millones más que las reservas del BCRA), que generarán intereses equivalentes a 11 mil millones de dólares.

Con todo, para Andrés Asiain, del CESO, “la suba de los encajes dispuesta por el BCRA junto a un descenso en las tasas de LEBACs de casi 6 puntos son una clara señal de que el ciclo especulativo tiende a concluir y que es el turno de pasarse a bonos en dólares nacionales y provinciales”.

En estas condiciones, además, el escaso porcentaje de dólares del total que sería blanqueado por el proyecto que tiene media sanción en el Congreso (los analistas coinciden que el 80% del total podría quedar fuera del país) podría simplemente alimentar ese espiral especulativo.

Más deuda para financiar el déficit

El pasado miércoles fue publicado en boletín oficial el DNU 797/2016 mediante el cual el Ejecutivo habilitó una ampliación presupuestaria de 76 mil millones de pesos. El propósito es el de afrontar los gastos previsionales pautados previamente a la aprobación definitiva de la ley que declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional que, a su turno, debiera generar nuevas devengaciones por encima del presupuesto anual y esta flamante actualización.

Los fondos se obtendrán a partir de la emisión de nuevos títulos públicos de largo plazo y en moneda nacional.

De este modo, el gobierno se ha visto obligado a revisar su política de reducción del déficit fiscal, que pretendían llevar al 4,6% del PBI para este ejercicio.

La ampliación presupuestaria resulta de las dificultades generadas por el retroceso en la recaudación generada por la caída de la actividad, por un lado, y la política tributaria regresiva aplicada por el gobierno en favor de los exportadores de granos y las mineras que fueron beneficiados con una sensible y progresiva quita de retenciones sobre las exportaciones.

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