La bronca de Alberto Fernández por alza de precios de alimentos dispara temor de empresarios

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El Gobierno maneja datos sobre la evolución de precios que encendieron las alarmas. Grandes productoras de alimentos no descartan futuras restricciones.

Alberto Fernández tomó la decisión de incluir un párrafo con una dura advertencia a los fabricantes de alimentos cuando desde el equipo económico le hicieron saber que, tal como sucedió durante enero, el mes pasado también los precios de los alimentos subieron bien por encima de la inflación promedio.

“Ustedes me dijeron que lo de enero había sido excepcional por el regreso del IVA a los alimentos de la canasta básica. Pero esto no lo entiendo. Algo hay que hacer porque esto no puede seguir así”.

La bronca del Presidente estalló en los días previos al discurso ante la Asamblea Legislativa, ni bien conoció los últimos datos que le acercaron los funcionarios.

De acuerdo a la medición de alta frecuencia que siguen desde Economía y en el Banco Central, la inflación del mes pasado habría cerrado alguna décima por debajo del 2 por ciento. Si fuera así, el IPC de febrero mostraría que empieza con un “1”. ¿1,9%? ¿1,8%? En los despachos oficiales arriesgan que ese número estará cerca, efectivamente, del 1,8 por ciento.

Sin embargo, el índice que mide los precios de los alimentos habría rondado el 3 por ciento. Otra vez, por arriba del resto.

Pasando en limpio: si se concreta esa expectativa, la inflación mensual se ubicará por debajo del 2% por primera vez en dos años. La última vez que sucedió esto fue en enero de 2018, cuando el IPC marcó un 1,8%. Fue antes de la ola devaluatoria que arrancó en abril de ese mismo año.

Sin embargo, lo que alteró el ánimo presidencial fue que, como viene ocurriendo desde que asumió, los precios de los alimentos avanzan por arriba del promedio.

Cabe recordar que, en enero, la inflación había ascendido al 2,3% pero los alimentos saltaron nada menos que el 4,7 por ciento. Lo dicho más arriba: como sucedió en los meses anteriores, la comida se encareció bastante más que el resto.

“No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo”, aseguró Alberto F., el domingo, en el Congreso.

Luego continuó: “Argentina no resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores, condenados a pagar sus ‘excesos preventivos’”, remarcó el jefe de Estado.

“Debemos terminar con la Argentina de los ‘vivos’ que se enriquecen a costa de los pobres ‘bobos’ que estamos condenados a pagar lo que consumimos”, insistió.

Durante el discurso, Fernández dio alguna pista de las herramientas que dispondrá el Gobierno para frenar esa dinámica, que puede alterar los objetivos de la Casa Rosada de mostrar -aun en un momento delicado de la economía- una baja en los niveles de la pobreza y de la indigencia.

“Esa descripción de lo que nos pasa, exige un punto final al abuso”, avisó el Presidente. “El Estado, este Gobierno Nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta”, remató.

Y concluyó: “Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios”.

Desde los despachos oficiales adelantaron a iProfesional que se reactivará una convocatoria a las principales fabricantes de alimentos. También a las principales cadenas de los supermercados.

La advertencia de Fernández llevó preocupación a los empresarios. Ayer lunes, fuera de agenda, hubo encuentros entre ejecutivos de distintas alimenticias de primer nivel.

Los directivos de estas compañías consultados coincidieron en dos cosas: una, que la relación con la secretaría de Comercio interior es muy cordial. Y, dos: que en las últimas jornadas vienen recibiendo llamados telefónicos desde los despachos oficiales.

Los ejecutivos consultados aseguran que la única consigna de esas comunicaciones fue conocer los motivos de los últimos movimientos de precios. Pero, admiten, todavía no hubo ningún reto ni pedido especial, como los que fueron característicos durante el gobierno de Cristina Fernández.

Eso sí. Los ejecutivos se reparten culpas: en los últimos días recrudeció el histórico enfrentamiento entre la industria y los supermercados.

Las cadenas comerciales acusan a las fábricas de ser los únicos que mueven los precios de los alimentos. Y que esos salones no hacen más que trasladar a la góndola la lista de precios que les dejan. Es más: afirman que en reiteradas oportunidades realizan ese traslado de manera paulatina para evitar el enojo de los clientes, que no discriminan si el culpable de la inflación es el Gobierno, el fabricante o el supermercado.

Uno de los argumentos que escucharon los funcionarios Matías Ginsberg y Laura Goldberg -ambos se reparten el seguimiento de los precios desde Comercio Interior- refiere a que el el regreso del IVA en los alimentos básicos se dio en etapas, y que por ese motivo todavía pudo afectar a la inflación del mes pasado.

“Hubo avivadas de los supermercados. Sin dudas”, se desligan los ejecutivos de algunas de las alimenticias más grandes.

Para convencer a los funcionarios que los fabricantes no tienen que ver con los “abusos” mencionados por Alberto F., los empresarios fueron a los despachos con carpetas que incluían los movimientos de precios de los últimos dos años. Y contrastaron esos incrementos con los que se ven en las góndolas, que resultaron superiores.

Temor por posibles medidas

¿Se vienen medidas adicionales para contener los precios de los alimentos? En el entorno de Matías Kulfas manda el silencio. No quieren dar ninguna precisión que eleve la guardia de los empresarios.

Los funcionarios ya tienen la penosa experiencia de haber hablado antes de tiempo de un acuerdo de precios (y de salarios también) durante la campaña, y con ese adelanto -nunca concretado- habilitaron alzas de precios preventivos.

Los empresarios, en simultáneo, tejen hipótesis. En las tertulias de ayer, en las que se analizó el escenario post Congreso, las apuestas mayoritarias se volcaron a favor de un próximo congelamiento de precios, al menos en algunos productos sensibles. Los de mayor peso en la canasta básica, que fueron los que más se encarecieron en los últimos meses.

Para la carne, el Gobierno intentaría por otro camino: las retenciones a las exportaciones de cortes con hueso (asado) se elevarían del 9% actual al 12%. A cambio, bajarían al 5% los derechos a la exportación de carne procesada, que no tiene espacio en el mercado interno.

Desde la industria, obviamente, rechazan de antemano un posible congelamiento de precios que vaya más allá de lo ya acordado en Precios Cuidados.

Y ponen sobre la mesa la supuesta inacción oficial en algunos temas en los que podrían tallar. Como, por ejemplo, el caso de la yerba mate, cuyo valor mayorista se incrementó nada menos 166% en los últimos 13 meses.

El precio de la yerba surge del Instituto de la Yerba Mate (INYM), en el cual el Estado tiene representantes, pero esa presencia no logró desactivar la avalancha de alzas en ese producto.

Ante la mayor presión oficial, también reaccionaron las empresas lácteas. Lo hicieron a través del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).

Un reporte de ese Observatorio revela que el 64,3 % de la producción de leche se reparte entre 33 empresas.

El informe, que toma un panel de 670 industrias y en el cual figuran unas 47 industrias que procesan más de 100.000 litros de leche por día muestra que no hay ninguna empresa que tenga más del 15 % de participación en la producción local.

Como se aprecia, los empresarios tomaron nota del enojo presidencial y arman su plan de defensa ante las acusaciones. Y las eventuales medidas que puedan venir.

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