Los vínculos entre varios diputados y una trama de corrupción relacionada con el programa de alimentos subsidiados pone al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, en una situación incómoda.
El grupo de diputados en cuestión defendió al empresario colombiano Carlos Lizcano, propietario de Salva Foods, ante la fiscalía de Colombia, EEUU y Bélgica. Según una investigación del portal venezolano Armando.info, esta compañía gestiona las Tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP por sus siglas), el programa de alimentos subsidiados por Nicolás Maduro.
Según la investigación llevada a cabo por el portal, los siguientes diputados estuvieron involucrados en la trama de corrupción del CLAP.
- Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez Linares, del partido Primero Justicia;
- Adolfo Superlano, expulsado del partido Cambiemos el 11 de noviembre;
- Richard Arteaga y Guillermo Luces, del partido Voluntad Popular;
- Chaim Bucaram y William Barrientos del partido Un Nuevo Tiempo;
- Héctor Varga de Avanzada Progresista.
La mayoría de estos diputados son miembros de la Comisión de Contraloría del Parlamento, razón por la cual las nuevas revelaciones afectan también a Juan Guaidó.
En respuesta a las acusaciones, el líder de la oposición venezolana anunció que los diputados fueron suspendidos y que se inició una investigación independiente.
Por su parte, los respectivos partidos políticos cuyos diputados se vieron involucrados también los suspendieron.
¿Una tormenta entre la oposición?
La investigación de las tramas de corrupción de los miembros de la Comisión de Contraloría del Parlamento no es el único bache en el camino de Juan Guaidó. Así, el 27 de noviembre el líder de la oposición destituyó a su embajador en Colombia, Calderón Berti. El diplomático afirmó que había habido irregularidades en los fondos destinados al ingreso de ayuda humanitaria a Colombia.
Estas irregularidades ya están investigadas por las autoridades de Colombia, lo cual llevó a la renuncia de Freddy Superlano como presidente de la Comisión de Contraloría con tal de no interferir en las investigaciones. Todo ello se desarrolla en el contexto de la renovación de los dirigentes del Parlamento fijada para el 5 de enero de 2020.
Este puesto fue rotando desde 2016 entre los partidos políticos por acuerdo mutuo, y Juan Guaidó tenía previsto ponerse al frente del Parlamento por un año más, el último que le permitiría la ley. Sin embargo, estos planes podrían estar en peligro vistas las últimas ocurrencias y los exilios de una veintena de diputados desde Venezuela.
Por su parte, Juan Guaidó no parece perder optimismo en sus declaraciones sobre la situación que se vive en la oposición.
