La norma aterrizó ayer en el Congreso. Hay 10 días para discutirlo en comisión, aunque podría estirarse y quedar cercano al discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa.
La discusión por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca “desburocratizar” el Estado, firmado días atrás por Mauricio Macri, aterrizó ayer en el Congreso: con el oficialismo en condiciones de obtener dictamen de mayoría en la comisión bicameral que debate esas normas y la posibilidad de ser rechazado luego en el recinto por la oposición, el Ejecutivo apuesta al discurso del Presidente el 1 de marzo próximo, en la Asamblea Legislativa que abre el período de sesiones ordinarias, para dar por cerrada la trifulca estival.
Después del arribo del DNU al Congreso, una de las espadas del PRO, Pablo Tonelli -integrante de la bicameral de Trámite Legislativo-, lanzó una cerrada defensa de la decisión de Casa Rosada. “La comisión se instituyó en 2006 y, cuando se empezaron a analizar los DNU, quienes éramos opositores propiciamos que la comisión tuviera un criterio restringido respecto de la posibilidad de los presidentes de dictar los decretos (…) Luego, el Frente para la Victoria impuso un criterio totalmente en contra, dándole amplias atribuciones al presidente”, señaló el diputado nacional en declaraciones radiales.
Tonelli agregó: “Creemos que, después de tantos años de vigencia de una doctrina de la comisión muy amplia, no es razonable cambiarla porque cambió el presidente, y que ahora usemos un criterio selectivo. La doctrina de la comisión después de 10 años de aplicarla ya ha quedado establecida”. La frase del legislador no es inocua: el empuje principal de esa ley fue de la entonces senadora nacional Cristina de Kirchner, quien el 10 de diciembre pasado volvió a ocupar una banca en la Cámara alta. Según el diputado, Macri “ha dictado pocos DNU en relación con los que dictó la expresidenta”.
La Ley 26.122, que establece el régimen legal de los DNU, expresa que la bicameral “tiene un plazo de diez días hábiles (…) para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras”. Tras las elecciones del 22-O y el recambio parlamentario del 10-D pasados, Cambiemos infló sus interbloques. En Diputados, el presidente de ese cuerpo y peronista con témpera PRO, Emilio Monzó, ubicó a cinco integrantes del oficialismo de los ocho que le corresponden a esa Cámara, mientras que el Senado publicó días atrás su propuesta, con tres legisladores del oficialismo.
Así, la bicameral tendrá ocho butacas “puras” y estará en condiciones de exigir la titularidad de la misma -su voto vale doble en caso de empate-, cuota de poder que sería mantenida por el radical Luis Naidenoff. Ese “blindaje” en la bicameral asegura para Cambiemos una victoria inicial, algo que aprovechó para vender en los últimos días Monzó con su “picardía” para designar cinco de los ocho integrantes que le tocaba a Diputados. No obstante, en el mediano plazo aparecen interrogantes en esa misma Cámara, donde la oposición inició un operativo para unirse y voltear el DNU sobre desburocratización del Estado. Ahí se verá el verdadero poder “negociador” del peronista-PRO, que para sancionar la modificación de la fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios tuvo que llevar a gobernadores y a ministros nacionales a ejercer un insólito “preceptor in situ” en el mismo Congreso.
Con la oposición en estado de efervescencia, e incluso con guiños del PJ en Diputados y jerarcas justicialistas en el Senado que calificaron la decisión del Ejecutivo de “abusiva”, el Frente Renovador del serpenteante Sergio Massa se retiró parcialmente de la estrategia política -de unir fuerzas y llevar la discusión al recinto- y fue a la Justicia para presentar una acción declarativa que plantea la inconstitucionalidad del DNU.
“El Ejecutivo tiene que aprender a gobernar en democracia (…) Esto tranquilamente se puede tratar por la vía de la ley”, aseveró la experimentada jefa de los diputados renovadores, Graciela Camaño. Según la legisladora, el DNU “deroga 19 leyes” y “modifica más de 100 normas”, y además detalló que el contenido de la decisión del Gobierno “tiene aspectos penales que le están vedados tratar por decreto al Poder Ejecutivo y tiene aspectos impositivos”. El problema para el FR es que Massa, como jefe de Gabinete de Cristina de Kirchner, avaló todo este tipo decisiones que adoptó su exjefa.
Los bloques podrían debatir en la bicameral el 6 de febrero. El 8 expira el límite de tratamiento -la comisión funciona pese a no haber extraordinarias-, aunque la nula actividad legislativa y los feriados de Carnaval quizá lleven la discusión para después del 20, es decir, a poco menos de 10 días del discurso de macri en el congreso.
