El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que es “muy probable” que el Gobierno “evalúe la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que da el Estado”.
En diálogo con el periodista Antonio Laje, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa anticipó castigos económicos para quienes realicen tomas de tierras. “El Estado tiene que hacer cumplir la ley y, si hay gente tomando tierras tiene que desalojar”, manifestó, pero adhirió que se evalúa la posibilidad de quitarles a esas personas los beneficios que les paga el Estado.
En concreto, dijo que es “muy probable” que el Gobierno “evalúe la posibilidad de que a aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que da el Estado”, en referencia a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros.
Las declaraciones de Massa tienen lugar en el marco de una situación conflictiva que se vive en la provincia de Río Negro. El fin de semana hubo una movilización en esa provincia en contra de las tomas que motivó una denuncia del Ministerio de Seguridad nacional contra los organizadores por la posible “comisión de delitos”.
El Ministerio de Seguridad presentó ayer una denuncia penal ante la Justicia Federal por la “posible comisión de delitos” en la que pudieron incurrir los organizadores de una manifestación que convocaron a marchar armados “en defensa de los vecinos de Villa Mascardi”, cercana a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck se mostró hoy crítico de la decisión del Ministerio de Seguridad nacional de denunciar a los organizadores de la marcha y sostuvo que esa medida constituye la “validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.
Al dirigirse a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ex mandatario provincial sostuvo vía Twitter que “no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto como un tema de delitos menores”, sino que el “Gobierno tiene un problema mayor” porque “se debe cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas”.
