La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Carolina Gaillard, avanza en más aspectos que la ley sancionada en 2017.
La diputada nacional Carolina Gaillard (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral del uso del cannabis medicinal, al tiempo de “generar las condiciones normativas para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial de la planta y sus diferentes usos”.
La legisladora, quien en 2017 presidió en la Comisión de Salud el debate de la Ley 27.530, impulsa ahora una nueva iniciativa que cuenta con el apoyo de organizaciones como Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
“Se trata de garantizar el acceso efectivo al cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental, entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente”, explicó la oficialista.
Además, apuntó que “con este proyecto integral lo que se busca es que las y los usuarios finalmente puedan acceder al uso medicinal en sus distintas formas; y se generan las condiciones para el desarrollo de una industria de cannabis para la salud, considerando que es una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país”.
“Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera Ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones, aunque reconocemos que aquella Ley tiene limitaciones por lo que desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, sostuvo.
El proyecto promueve “un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización. De esta forma se estimulará el desarrollo científico tecnológico nacional y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal”.
En el texto se propone la creación de un Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que funcionará como autoridad de aplicación de la ley, articulando con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil que convergen en la temática.
También se buscará “promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del cannabis para la salud, considerándolo una política de Estado, a través de programas de estímulo que serán coordinados con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales”.
“Una característica fundamental en este sentido es la promoción de este desarrollo científico, tecnológico y la industria del cannabis para la salud en el país, con un abordaje federal y desde la perspectiva de género”, agrega.
En lo que refiere a la producción, se propondrá regular el autocultivo garantizando el acceso universal para todos los pacientes que lo necesiten; de esta forma se crearían figuras como la de “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción y/o comercialización de cannabis para la salud.
Se estipula la creación de un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis para la salud, y productos que lo contienen, las cuales serán gratuitas para autocultivo y cultivo solidario. Mientras que desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE), se estima crear un Banco de Semillas que buscará garantizar un precio justo y razonable para su acceso.
En este sentido, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó: “Como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones, proponiendo también la regulación del cultivo en red, reconociendo el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos, de abajo hacia arriba desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”.
Desde lo judicial, este nuevo proyecto contempla una despenalización de todas las acciones vinculadas al cultivo, producción y comercialización de cannabis para la salud y brindaría garantías para los procedimientos penales, bajo el principio pro usuario de cannabis medicinal.
Entre sus firmas, acompañaron la iniciativa los oficialistas Cristina Álvarez Rodríguez, Mara Brawer, Martin Soria, Gabriela Cerruti, Monica Macha, Cecilia Moreau, Fernanda Vallejos, Jimena López, Blanca Osuna, Graciela Landriscini, Gabriela Lena, Pablo Carro, Lucila Masin, Leonardo Grosso y Nicolás Rodríguez Saá; y la cívica Marcela Campagnoli.
