Tal como se esperaba, hubo acuerdo en el Consejo del Salario con una suba que, depende cómo se la mire, oscila entre el 30 y 35 por ciento pero que no escapa a la pauta oficial que desde comienzos de año ha deslizado la Casa Rosada para, por ahora sin éxito, aquietar las expectativas inflacionarias. Sólo hubo resistencias del movimiento obrero por el escalonamiento propuesto para hacer frente a los pagos que finalmente será en 7 tramos y terminará en 2022, con el riesgo que esos porcentajes se licúen conforme a la aceleración del costo de vida.
Sí en la previa la CGT pedía aumentos del salario mínimo, vital y móvil, de entre el 35% y el 40% y la CTA en el orden de un 33%, ninguna de las centrales preveía que los ajustes se concederían por un período tan extenso: 9% en abril, 4% en marzo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y 5% en febrero del año próximo. La “zanahoria” del entendimiento ha sido la cláusula de revisión prevista para septiembre.
Es que las centrales gremiales, incluida la CTA Autónoma que participó del encuentro como veedora pero otra vez no tuvo voto en la sesión, consideraban necesario cerrar una acuerdo por 6 meses y que el CSMVM vuelva a juntarse para renegociar un nuevo monto antes de finalizar el año. Es que consideran que la “hoja de ruta” trazada por el ministro Martín Guzmán (Economía) que prevé un IPC del 29% quedó hecha añicos con la suba del 12% que arrojó este indicador durante el primer trimestre.
El salario mínimo, con todo, pasará de los actuales $21600 a $29160 en febrero próximo, salvo un eventual ajuste previo en la revisión propuesta. Quedará lejos de los $60 mil que habían pedido los dirigentes sociales de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que formaron parte de la deliberación como “oyentes”.
El anfitrión de la reunión virtual, el ministro Claudio Moroni (Trabajo), logró su cometido de evitar el laudo ministerial asociado a los últimos tres años de la gestión macrista. Pese a las resistencias, anudó un acuerdo entre los consejeros titulares de las centrales obreras y las cámaras empresarias.
El SMVM, como se sabe, es tenido en cuenta para definir los montos de distintos planes sociales y prestaciones asistenciales que lleva adelante el Ejecutivo nacional. Este martes hubo movilizaciones de agrupaciones referenciadas en la izquierda reclamando una recomposición realista “ante el ajuste evidente” en marcha dado que “la inflación de los alimentos en particular golpea duro a los sectores de menores ingresos”.
Hasta la UTEP, de buen vínculo con la Casa Rosada, había reclamado un ingreso que permita comprar la canasta básica. En la medida que el oficialismo no logre acotar la suba de precios, la conflictividad social continuará. Incluso en tiempos de pandemia: mañana habrá una reunión de coordinación de las autoridades de seguridad de Nación y Ciudad para intentar desalentar “las aglomeraciones” en la vía pública que faciliten los contagios de Covid. En Casa Rosada insisten que “debe ser la política” la que ordene estos conflictos y que no recurrirán a la “represión” tal como hoy pidió uno de los infectólogos “estrella” del consejo de expertos presidencial, Luis Cámera.
